Amplían toque de queda y sacan a los zelayistas

	EL GOBIERNO DE BRASIL EXPRESÓ QUE CUALQUIER ATAQUE CONTRA LA SEDE SERÁ “INTOLERABLE” Seguidores de Manuel Zelaya se enfrentan con la policía antimotines ayer, en las afueras de la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Tegucigalpa.- El gobierno de facto de Honduras amplió hasta hoy miércoles a las 6 de la mañana el toque de queda en el país, después de desalojar con gases y garrotes a cientos de partidarios del presidente derrocado Manuel Zelaya quien permanece en la embajada de Brasil. Un desafiante Zelaya expresó desde el recinto diplomático que para él el lema es “restitución o muerte, que es una frase alegórica que se usa desde la Revolución Francesa...estamos dispuestos a todo: al riesgo, al sacrificio”. El gobierno brasileño expresó preocupación por el desalojo y afirmó que cualquier ataque a la sede diplomática será “intolerable”. La cancillería brasileña informó el restablecimiento de agua potable y energía eléctrica en el edificio, tras una interrupción de varias horas. Llegada sigilosa Zelaya llegó con sigilo a la capital hondureña y desde ahí anunció el lunes la intención de dialogar con los golpistas instaurados en el poder. El gobierno de facto dispersó el martes a los seguidores del líder derrocado y horas más tarde dispuso alargar el toque de queda vigente desde el lunes en la tarde hasta las 6 de la mañana del miércoles. La policía reportó choques aislados entre simpatizantes del presidente depuesto y uniformados, que no dejaron ni heridos ni más detenciones, en diferentes barrios de la capital hondureña. El ministro de Información del gobierno de facto, René Zepeda, dijo que “la medida se adoptó por cuestiones de seguridad nacional”. El estado de sitio ha estado vigente por 38 horas consecutivas en Honduras. El presidente de facto Roberto Micheletti dijo en rueda de prensa que respetará la sede brasileña “si Brasil nos entrega a Zelaya o se lo lleva a a esa nación sudamericana”. No quiso contestar qué haría si no ocurre ninguno de los dos escenarios y se limitó a decir: “reflexionamos intensamente sobre el tema”. Una nota impertinente El canciller brasileño Celso Amorim dijo en Nueva York que el gobierno de Micheletti envió la víspera a la embajada brasileña una nota “impertinente e inadecuada” diciendo que cercará las instalaciones diplomáticas. Amorim calificó de “inconveniente” el toque de queda y criticó, en una entrevista difundida por el portal de internet Terra, el cierre de aeropuertos. Se mostró confiado en que “no habrá un ataque a la embajada brasileña. Eso sería una prueba de brutalidad... no habrá tolerancia para esta situación, queremos una solución pacífica”, señaló. Policías y soldados encapuchados mantienen un anillo de seguridad en un perímetro de cinco kilómetros alrededor de la embajada brasileña. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió pedir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la situación en Honduras, informó la agencia de noticias brasileña Estado. La Cancillería no respondió de inmediato las llamadas en busca de una confirmación de ese reporte. Un total de 140 adultos y 22 menores abandonaron el martes la embajada brasileña. Autobuses y camionetas enviadas por la embajada de Estados Unidos y la fiscalía las recogieron frente a las instalaciones para trasladarlas a sus hogares. El vocero de la Fiscalía Melvin Duarte dijo que “todos ellos decidieron irse de manera voluntaria de la embajada... y ya concluimos nuestro trabajo porque el reto, que ignoramos cuánta gente es, no desean irse”. Más tarde añadió que todos los evacuados “están bien de salud”. Entre los que permanecían dentro está Rafael Sarmiento, un ingeniero agrónomo de 35 años que declaró estar “con Zelaya para llevarlo donde debe estar: en la presidencia”. Añadió que en la sede diplomática “no hay escasez de agua ni comida o electricidad”. EL LLAMADO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL La comunidad internacional llamó ayer martes al gobierno de facto de Honduras a negociar una solución en ese país centroamericano y pidió que se “garantice la seguridad” del derrocado mandatario Manuel Zelaya. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que se encuentra a la espera de garantías que le permitan mediar en Honduras un retorno a la democracia. La presidencia sueca de la UE señaló que “luego del regreso del presidente Zelaya a Tegucigalpa, la presidencia de la Unión Europea subraya la importancia de una solución negociada de la actual crisis en Honduras”. El gobierno español hizo un “llamamiento a la calma y al mantenimiento del orden” y a que “que se respete la vida y la integridad física de Zelaya”, dijeron a la AFP fuentes de la cancillería española. Las autoridades francesas también pidieron al gobierno de facto hondureño que “garantice la seguridad” de Zelaya.
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Manuel Zelaya retorna a Honduras y el gobierno de facto decreta toque de queda

EL EX PRESIDENTE ESTÁ DISPUESTO A NEGOCIAR CON LOS GOLPISTAS QUE LO EXPULSARON HACE 86 DÍAS

El presidente Manuel Zelaya ondea una bandera hondureña desde la embajada de Brasil, ayer en Tegucigalpa.

Tegucigalpa.- El presidente derrocado de Honduras Manuel Zelaya llegó a Tegucigalpa sigilosamente y cuando nadie lo esperaba, generando una nueva etapa en la crisis política de esa nación centroamericana.
Ayer mismo, anunció su disposición a negociar con los golpistas que lo sacaron en pijamas el 28 de junio y lo expulsaron a Costa Rica, pero la respuesta del presidente de facto Roberto Micheletti fue pedir al gobierno de Brasil, en cuya embajada se encuentra el político derrocado, que lo entreguen para someterlo a la justicia.
Poco después de imponer un toque de queda de 15 horas vigente desde las 4 de la tarde, Micheletti ofreció en cadena de radio y televisión acompañado de sus ministros, líderes empresariales y jefes militares y de policía, “respetar los derechos del señor Zelaya al debido proceso”.
Los ojos del mundo
El presidente de facto indicó que “los ojos del mundo están puestos sobre Brasil y también sobre Honduras”.
Su Cancillería protestó ante el gobierno de Brasil por “permitir que desde su sede (diplomática) se formulen llamados públicos a la insurrección y la movilización política de parte del señor Zelaya, un prófugo de la justicia hondureña”.
“Tal injerencia en los asuntos privativos de los hondureños resulta condenable y por tal motivo se protesta la misma de manera enérgica, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional”, añadió en un comunicado.
El canciller brasileño Celso Amorín dijo en Washington que su país no tuvo ninguna participación en la llegada de Zelaya a Honduras y que llegó a la embajada desarmado y junto a su esposa. “Esperamos que esto abra una nueva etapa en las negociaciones y que una nueva solución basada en la Constitución pueda lograrse”, manifestó.
Recordó que la posición de su gobierno “siempre ha sido muy clara en repudiar el golpe de Estado y en apoyar el regreso del presidente Zelaya rápida y pacíficamente”.
“Si algo le pasa al presidente Zelaya o a nuestra embajada será una violación al derecho internacional”, advirtió.
Zelaya dijo que intenta contactar al gobierno interino. “A partir de ahora empezamos a buscar el diálogo...hago un llamado a las fuerzas armadas para que no derramen sangre inocente”, dijo en una entrevista telefónica.
“Es hora de que bajen los fusiles”, afirmó.
Una declaración aprobada en reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió “a las autoridades de facto plenas garantías para asegurar la vida e integridad física del presidente Zelaya y un trato consecuente con su alta investidura, así como el retorno a la presidencia de la República”.
Sin referirse directamente al pronunciamiento del organismo regional, Micheletti expresó que “en el país prevalece la ley y no habrá disturbios ni violencia... la presencia de Zelaya en el país no cambia nuestra realidad (porque) él fue removido legalmente el 28 de junio por la Corte Suprema y el Congreso”. Tras el golpe, Zelaya tuvo como base Nicaragua para movilizarse a los diferentes países de la región latinoamericana para promover su restitución en la presidencia hondureña.
Zelaya dijo a periodistas que el secretario general de la OEA José Miguel Insulza arribará hoy martes a Tegucigalpa para buscar una salida pacífica al conflicto.
Zelaya dijo que durante 15 horas utilizó varios transportes que lo llevaron por varias regiones del país, aunque evitó dar detalles, porque aseguró que recibió colaboración de distintas personas que de ser identificadas podrían ser dañadas.
Agradeció el apoyo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y de Amorim.
UNA TENSA CALMA EN LA CAPITAL
Un ambiente de tensa calma se apoderó de Tegucigalpa, la capital hondureña, luego de que tras 86 días de estar ausente el derrocado mandatario de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, regresara ayer.
Las personas recibieron esta vez con tranquilidad el informe de que Zelaya ya estaba en suelo hondureño, aunque siempre hay un nivel de preocupación, lo que se evidencia en que la mayoría de los ciudadanos sintonizaran las emisoras noticiosas, al contrario de lo que hacen en épocas normales, cuando predominan las radios musicales.
Aunque la información comenzó a propalarse por medio de canal 36 y radio Globo, medios afines a Zelaya, en principio el gobierno y la población no daban crédito a la versión
LISTIN DIARIO

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GUATEMALA: Nueve capturados por crimen que estremeció al país

Por Danilo Valladares

GUATEMALA,  (IPS) - La investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un vídeo había acusado de su muerte al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dio sus primeros resultados: nueve sospechosos, entre ellos dos policías y un ex militar, fueron detenidos el viernes.

Rosenberg --un prestigioso abogado graduado de las universidades de Harvard y Cambridge y vinculado al sector empresarial-- cayó abatido a balazos el 10 de mayo mientras se ejercitaba en bicicleta en un barrio de clase alta de la zona 14 de la capital.

"Ustedes pueden estar tranquilos, hoy su policía, su Ministerio Público (fiscalía) y sus Fuerzas Armadas han detenido a los asesinos en uno de los casos que no han conmovido sólo a Guatemala sino a toda la comunidad internacional", dijo el jurista español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en una conferencia de prensa.

Según Castresana, fueron detenidos el ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y presunto máximo responsable de una organización criminal, William Gilberto Santos Divas, el agente de la PNC Mario Luis Paz y el ex militar Edwin Idelmo López, acusados de participar directamente en el asesinato del abogado.

Otros cuatro detenidos, Samuel Girón Tobar, José Armando Ruano Gaitán, Balmore Guzmán Orellana y Lucas José Santiago López fueron acusados de complicidad.

Más tarde fueron arrestados Alberto Santos Divas, hermano del jefe de la banda, y Carlos Aragón Cardona, agente de alta de la PNC, también involucrados en el crimen.

De acuerdo con información de la Cicig, este grupo se dedica a cometer extorsiones, secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.

"No tenemos ningún testigo, pero sí irrefutables pruebas científicas", añadió el jefe de la Cicig --una institución independiente creada en acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)--, quien exhibió un vídeo en el que se aprecia un automóvil color negro persiguiendo a Rosenberg mientras montaba en su bicicleta.

La muerte generó un gran escándalo nacional e internacional, pues dos días antes el abogado había grabado un vídeo en el cual acusaba a Colom, a su esposa y a altos funcionarios de ser responsables de su muerte, además de participar en "negocios sucios" a través del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital mixto y el tercero más importante del país.

"La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Mussa y de su hija Marjorie Mussa, quienes fueron cobardemente asesinados" el 14 de abril, y se negaron a encubrir negocios en esa "cueva de ladrones que es Banrural", dijo Rosenberg en la grabación.

El vídeo corrió como pólvora e inmediatamente provocó indignación y manifestaciones de rechazo a la violencia en este país. El propio presidente calificó este hecho como la más grave crisis de su gestión.

En los primeros cuatro meses de este año, 1.996 personas murieron de forma violenta (16 por día), según el Ministerio de Gobernación (interior).

El titular del Ministerio Público, Amílcar Velásquez, quien junto a Castresana ofreció detalles de las detenciones, eludió varias preguntas de los periodistas pues "no se pueden revelar más detalles de la investigación por razones de seguridad". Una de las preguntas se refiere a la vinculación de algún funcionario de gobierno con el crimen.

Velásquez y Castresana aseguraron que harán todos los esfuerzos necesarios para encontrar a los responsables intelectuales.

Organizaciones de la sociedad civil vieron en las detenciones de los supuestos autores materiales de la muerte de Rosenberg un paso importante para lograr justicia en este país centroamericano, donde la impunidad cobija 98 por ciento de los delitos.

"Me parece importante que en ese y en todos los casos, porque no debe ser el único que se debe investigar, se llegue a las últimas consecuencias", dijo a IPS el analista en seguridad Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala y nieto del laureado escritor Miguel Ángel Asturias.

Para Asturias, este caso demuestra que si hay capacidad política de las instituciones, el Estado de derecho puede funcionar. "Ese es el sentido del rol de la Cicig, ir dejando esa capacidad instalada para que instituciones como el Ministerio Público puedan desarrollar la investigación criminal", agregó.

A petición del gobierno, la Cicig fue creada en acuerdo con la ONU el 12 de diciembre de 2006 y ratificada por el parlamento el 1 de agosto de 2007. Comenzó sus actividades formales el 4 de septiembre de 2007, con el mandato de fortalecer el sistema de justicia, e investigar y ayudar a desarticular grupos ilegales y aparatos clandestinos que funcionan en este país.

Jorge Santos, coordinador del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, dijo a IPS que, con el apoyo de la Cicig, "el Ministerio Público ha dado pasos acelerados en su depuración y camina en una ruta de investigación criminal más efectiva y científica".

De acuerdo con el especialista, "es muy importante que los resultados derivados del apoyo de la Cicig logren incorporarse a la institucionalidad del país para que puedan funcionar bajo ese mismo criterio".

Organizaciones de derechos humanos alertaron acerca de la protección que requieren los arrestados en el caso Rosenberg. "El gobierno debe ahora garantizar que no vaya a ocurrirle nada a ninguno de los detenidos, pues de lo contrario se estaría perdiendo la oportunidad de llegar a los autores intelectuales", dijo a IPS el activista Mario Polanco, máximo dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo.

Polanco se refería al caso de los asesinatos de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y el chofer que conducía el vehículo en que viajaban, cometidos en Guatemala el 19 de febrero de 2007. Cinco policías fueron acusados y detenidos en relación con el caso, pero un día después de los arrestos todos fueron asesinados en la prisión, con lo cual se perdieron valiosos testimonios para la investigación.

Sin la presencia de la Cicig, las cosas no serían igual en este país, según el diputado del opositor Partido Patriota y miembro de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, Oscar Córdoba.

"Gran parte de los avances que se están dando en materia de seguridad y de aplicación de la justicia son por el trabajo de la Cicig", dijo Córdoba a IPS. El parlamento ha apoyado su labor aprobando la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el 4 de agosto pasado, recordó.

Los legisladores esperan que se avance en la investigación de otros miles de casos en manos de la fiscalía, en los que importa hallar y poner tras las rejas no solo a los autores materiales, sino también a quienes concibieron los delitos. (FIN/2009)

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