Los colegios privados emitieron ayer una resolución donde establecen que a partir del año escolar 2010-2011 universalizarán el pago por adelantado de la escolaridad y colocarán en Data-Crédito a los que incumplan ese compromiso.
Esta decisión, contenida en la resolución l-2009-2010, fue rechazada de manera tajante por la Federación de Padres (Fedepadres), que abarca a 2,600 asociaciones a nivel nacional, al calificarla como una “puñalada acechada que lesiona a millones de padres, que muchas veces tienen que mendigar para pagar cada mes por la escolaridad” de sus hijos.
Juan Ávila, presidente de la federación, dijo que no se quedarán de manos cruzadas y que impugnarán la resolución ante todas las entidades que lo amerite.
Asimismo, dijo que iniciarán una investigación para determinar quién o quiénes autorizaron y dejaron pasar el documento. “Vamos a comenzar una lucha sin cuartel. Averiguaremos si fue la Secretaría de Educación, Impuestos Internos o el Congreso Nacional que autorizó esa resolución ilegal”, afirmó Ávila.
La resolución, dirigida a directivos y administradores de centros educativos privados del país, está amparada en la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Cita el literal f del artículo 48 de esa ley que indica que “la falta de pago de cuotas o servicios educativos específicos por parte de los padres o responsables en los centros educativos públicos o privados no podrá ser causa para discriminar o sancionar, en cualquier forma, a niños, niñas o adolescentes”.
Además, el literal f, el cual señala que “si un centro educativo privado se viere en la necesidad de suspender la prestación de servicios a niños, niñas o adolescentes por falta de pago, por parte de sus padres, sólo pondrán hacerlo al final del período escolar correspondiente, garantizando que no sea interrumpida la educación de los sujetos o que éstos sean sometidos a cualquier forma de discriminación por este motivo.”
Los colegios sostienen que muchos padres se amparan en estos literales para incumplir sus compromisos económicos.
Firmantes resolución
La resolución, en la que se indica que “la educación privada es un servicio cuyo costo tienen que cubrir los adultos que requieren el servicio a un centro educativo a favor de menores”, está firmada por Rosa Ariza de Valera, ex presidenta del Consejo Nacional de Colegios Privados; Inginia Herrera Olea, de la Asociación de Colegios Privados Independientes de La Romana; Tilso Guzmán, de la Asociación de Colegios Privados de Los Alcarrizos; Remedio Gómez Román, del Consejo Nacional de Colegios Privados; Virginia M. Martínez, de la Asociación de Colegios Privados de Los Alcarrizos; Rafael E. Gómez, de la Asociación de Colegios Privados de Monseñor Nouel (Bonao); Margarita Rolffot y Nilda Iris de la Rosa, de la Unión Higüeyana de Colegios, entre otros colegios.
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